lunes, 26 de octubre de 2009

LOS 10 PUNTOS IMPRESCINDIBLES DE LA REFUNDACIÓN DEL PRD

Fernando Belaunzarán

1.- Instrumento de transformación. El PRD debe volver a ser el motor de los cambios en el país. Resulta una contradicción insostenible que un partido de izquierda se convierta en elemento del status quo en lugar de servir como instrumento de la sociedad para la transformación de la realidad en el contexto de autoritarismo, pobreza, injusticia, crisis, corrupción, inseguridad, privilegios insultantes, impunidad, concentración de la riqueza que, entre otros males, padecemos como nación. Por eso es que el Programa del partido debe orientar a gobiernos, legisladores y dirigentes perredistas sin excepción para orientar la actividad transformadora. Y también, por ello, es imprescindible dirigir esfuerzos para el cambio de régimen, pues es evidente que el actual favorece el inmovilismo y se ha mostrado incapaz de enfrentar con mínima eficacia los graves problemas nacionales. La República sufre por un lado el estancamiento de un sistema que dificulta la conformación de mayorías estables en los órganos parlamentarios y por el otro la implantación de verdaderos cacicazgos estatales por parte de gobernadores que asumen el papel de verdaderos señores feudales que deciden en sus entidades sobre todo y no le rinden cuentas a nadie. México debe encaminarse hacia la construcción de un régimen parlamentario, si bien de manera transitoria podría avanzar hacia allá mediante la implementación de uno semipresidencialista o semiparlamentario.

2.- Acuerdos Nacionales. Sólo será posible redefinir al Estado mexicano en la lógica de su democratización construyendo acuerdos nacionales con las demás fuerzas políticas e involucrando a la sociedad civil y a la opinión pública en la discusión de los diversos temas. Es evidente que la atrofia y disfuncionalidad del régimen no le sirve a nadie y que, por lo mismo, los grandes acuerdos se han vuelto no sólo deseables sino también necesarios y apremiantes. Se requiere mostrar visión de Estado y estar a la altura de las circunstancias, tal y como, por citar dos ejemplos conocidos, se observó en España o en Chile tras sus respectivas dictaduras. Es por la ruta del diálogo, la negociación y el acuerdo como se puede cambiar al país y no por la vía de los decretazos que nos regresan al presidencialismo arcaico y autoritario. Pero para ello, el PRD debe acreditar que puede hacer a un lado la lucha facciosa y anteponer el interés nacional al deseo de satisfacer agravios, cobrar cuentas pendientes o pensar en rentabilidades electorales bajo el cálculo de que otros paguen los costos de asumir decisiones difíciles. Por tanto, debe ser parte de las soluciones y no utilizar la puerta falsa y perversa de alentar la descomposición política y social del país para luego cosechar hipotéticos beneficios. En la medida en que actuemos con responsabilidad, pensando en primer lugar en la gente y en el país, los ciudadanos valorarán positivamente nuestra actuación y se incrementará nuestra competitividad en los comicios.

3.- Izquierda moderna. El PRD debe representar una izquierda moderna que aprende de la historia, que deja atrás prejuicios y resabios y se atreve a pensar de manera distinta y novedosa, que, lejos de aislarse, interactúa con el mundo y le da seguimiento a otras experiencias para sacar de ellas enseñanzas. En ese sentido, su compromiso con las libertades y la democracia debe ser contundente e inequívoco. Eso significa pugnar por la desconcentración del poder y el establecimiento de equilibrios y contrapesos; promover la transparencia y la rendición de cuentas; no alentar o promover caudillismos; combatir la intolerancia y la persecución de cualquier persona por sus ideas -sea militante o no del partido-, defendiendo en todo momento su derecho a expresarlas aunque no las compartamos; enarbolar la defensa de los Derechos Humanos en todos los rincones del planeta; expresar sin ambages nuestra convicción de que la única vía legítima para acceder al poder es por el voto ciudadano; y manifestar el repudio a toda forma de clientelismo y corporativismo, absteniéndonos de reproducir esos vicios en nuestro beneficio. En el plano económico se debe asumir que la forma más efectiva de redistribuir la riqueza es mediante el gasto social proveniente del presupuesto público, el cual necesita de impuestos y crecimiento económico para contar con recursos suficientes. Por ello, el PRD debe pelear por la desaparición de privilegios fiscales; por conciliar los derechos laborales con las necesidades de productividad y competitividad; por acabar con los monopolios y que la competencia favorezca a los consumidores; por democratizar los sindicatos y transparentar sus recursos; por impedir la intervención política del gobierno en agravio de la autonomía sindical; por impulsar políticas que favorezcan la inversión nacional y extranjera; por erradicar la corrupción y la impunidad de delincuentes de cuello blanco. Brasil y Lula bien puede ser un modelo para el PRD en muchos aspectos. En como la izquierda accede al gobierno nacional y ejerce el poder con responsabilidad y visión de futuro, combatiendo la pobreza, garantizando alimentación para los sectores desprotegidos, tomando medidas abiertas y heterodoxas para generar crecimiento económico y respetando en todo momento las reglas y el espíritu de la democracia. Así mismo, sería conveniente que PEMEX estableciera convenios de vinculación e intercambio con PETROBRAS y aprendiera de la exitosa experiencia de está empresa.

4.- Nueva imagen. Resulta indispensable que el PRD busque convencer y recuperar a amplios sectores del centro político y de las clases medias que se alejaron después de la elección presidencial, pues de lo contrario el PRI con Peña Nieto u otro candidato serán los que disputen la conducción del país con la derecha en el poder. Para ello se hace indispensable cambiar la imagen del partido que se ha hecho predominante en el imaginario social y que ha traído como consecuencia el crecimiento del rechazo ciudadano. Para dejar de ser visto como una organización rijosa y conflictiva es indispensable el compromiso absoluto de moverse en el plano de legalidad y la lucha institucional. En ese sentido, el PRD no puede avalar acciones de fuerza que contradigan su convicción democrática. Por ello, debe guiar las manifestaciones de protesta que permite la Constitución por el sendero que siguió la lucha contra el desafuero, en la cual se evitó en la medida de lo posible la afectación a terceros, no se tomaron oficinas públicas ni se obstruyó el funcionamiento de las instituciones ni se cerraron vialidades. Las imponentes manifestaciones, los actos valientes de personas que mostraban pancartas al paso del Presidente y el avance de nuestros argumentos en la opinión pública lograron una victoria contundente. En cambio, los bloqueos y plantones en avenidas, la toma de tribunas y el lenguaje pendenciero e inflamante sólo ha logrado debilitar al partido. En la resistencia civil pacífica no todo puede estar permitido y sus márgenes deben marcarse por la legalidad y el sentido de ganar simpatías y no perderlas. El PRD debe poner acento en sus ideas y concentrarse en ganar debates de cara a la nación antes que presionar con la fuerza y el chantaje. Respetar las reglas de la democracia y reconocer un resultado adverso al perder una votación no debilita. Finalmente la ciudadanía evaluará la actuación de cada una de las fuerzas con su voto y es ahí donde se demuestra que es más importante convencer que vencer.

5.- Alianzas. La estructura clientelar de muchos gobernadores que han construido verdaderos feudos en sus estados hace imposible derrotarlos electoralmente si no se unifica la oposición para hacerles frente. La alternancia en dichas entidades sería una oportunidad para impulsar la transición democrática hasta hoy desconocida en esas tierras. El poder de los gobernadores es tal que controlan a los demás poderes del estado, a los órganos llamados autónomos, a diversos medios de comunicación y hasta partidos de oposición. Por eso se hace apremiante tener una agresiva política de alianzas que permita disputar las gubernaturas al partido oficial de la entidad mediante la conformación de una coalición opositora lo más amplia posible que le haga frente cacicazgo local en el poder. En todos los casos, las alianzas construidas deberán suscribir públicamente un programa de gobierno de transición que incluya tanto reformas democráticas como medidas de política social para proteger a los sectores más necesitados de la población.

6.- Congruencia. El PRD debe tener mayor control sobre las políticas de sus gobiernos y el desempeño de sus legisladores. Todos deben cumplir con el Programa del partido sin excepción. Los perredistas tenemos la obligación de ser congruentes. Lo que exigimos como oposición lo debemos dar como gobierno y se tiene que terminar con la vergonzosa reproducción de las viejas prácticas priístas. Por eso, nuestras administraciones tienen el compromiso de ser más democráticas, más tolerantes, más incluyentes que las de otros partidos, así como erradicar privilegios, autoritarismo, corrupción e impunidad. El PRD debe gobernar de manera diferente y sus legisladores defender con firmeza las posiciones del partido sin dejarse seducir por el poder. Por tal motivo, el Consejo Nacional deberá efectuar en una sesión especial realizada cada tercera semana de febrero la evaluación anual del desempeño de gobernantes y representantes populares, a partir de informes que por obligación presenten los Consejos Estatales, excepto en el caso de los legisladores federales que deberán ser evaluados directamente por el órgano nacional. Aquellos que no cumplan con el Programa y los Principios del PRD se les debe impedir que vuelvan a ser candidatos del partido, a menos por un par de elecciones constitucionales.

7.- Educación. La formación política debe pasar de ser una prioridad en los discursos para serla en los hechos. El Instituto de Formación Política debe fusionar a todas las escuelas y centros de investigación partidarios y establecer cursos obligatorios para gobernantes, dirigentes y legisladores. Es preciso mejorar el perfil de nuestros líderes, representantes y miembros de la administración pública, así como generar identidad y cohesión a través de la comunión de visiones y propuestas. No es posible que el partido siga cayendo en subejercicio en el rubro de Actividades Específicas que por obligación de ley está obligado a utilizar en educación política. La formación debe ser vista como una obligación doble: del partido para proporcionarla y de los militantes para acceder a ella. Por tanto, una vez establecidos los mecanismos para ponerla a disposición del que la solicite será un deber tomar los cursos y quien no lo haga tendría que ser sancionado al punto de impedírsele ser candidato.

8.- Elección de dirigentes y candidatos. La principal fuente de conflictos en el partido es la celebración de elecciones universales, directas y secretas para elegir dirigentes y candidatos. Además, está visto que ese método no garantiza tener ni a los mejores abanderados ni a los mejores dirigentes partidarios. Se requiere, por tanto, tener mecanismos que en lugar de premiar el clientelismo promueva la valoración del mérito, la trayectoria, el compromiso y la capacidad. Por eso, no sólo la unidad del PRD sino también su correcto desempeño pasa por revisar sus formas de elección. Nuestra propuesta toma a la sección electoral como punto de partida de la estructura del partido y de la conformación de los respectivos Colegios Electorales. Por cada sección electoral se constituiría una asamblea, la cual elegiría un consejero municipal que a su vez tendía un voto en el colegio electoral del municipio. El Consejo Estatal se conformaría por los consejeros elegidos en los municipios, los cuales además serían delegados al Congreso Nacional. El Consejo Nacional se integraría con los consejeros elegidos a su vez en los Consejos Estatales más aquellos nombrados por el Congreso Nacional. Los presidentes, secretarios generales y miembros de las direcciones municipales y estatales se elegirían en los consejos respectivos mediante representación proporcional, excepto el presidente y el secretario general nacionales, quienes serían electos en el Congreso Nacional. Los candidatos uninominales se elegirían por un método mixto: 50% encuesta y 50% votación del Colegio Electoral en el ámbito del que se trate. La selección del candidato a la Presidencia de la República seguiría el mismo procedimiento, pero en ese caso el Congreso Nacional fungiría como Colegio Electoral. Los candidatos plurinominales se elegirían por los consejos respectivos.

9.- Unidad. El Partido Frente es la mejor opción para coexistir en la diferencia y reconocer a cada parte su derecho a realizar su propia política y mantener un margen considerable de autonomía, sin que eso signifique renunciar a la posibilidad de acordar una línea política común y enfrentar juntos los procesos electorales. Por eso es que mantenemos esa propuesta. De no prosperar, se debe asumir entonces que la mayoría tiene el derecho y la obligación de conducir al partido y si bien las minorías deben ser integradas, éstas no pueden contrariar públicamente -mucho menos obstaculizar o llevar a la práctica posiciones distintas- a las políticas decididas por los órganos de dirección. Las minorías tienen derechos y pueden expresarse con toda libertad al interior del partido, pero están obligadas a cumplir las resoluciones que se tomen por mayoría. En cualquier caso, con Partido Frente –que es lo ideal- o no, se deben fortalecer los órganos colegiados para garantizar la dirección colectiva del partido en todos sus ámbitos y en todo el territorio nacional.

10.- Legalidad. El cumplimiento de la legalidad no puede seguir siendo arbitrario y caprichoso. No puede haber justicia cuando las normas se aplican discrecionalmente y algunos gozan de impunidad. Los primeros obligados a respetar el Estatuto son los líderes, dirigentes, gobernantes y representantes populares. Si ellos no cumplen con la legalidad entonces no tendrán autoridad moral para hacerla cumplir en la militancia. Quien inflija las reglas debe ser sancionado trátese de quién se trate. Los privilegios son propios de la derecha y con justa razón ofenden a la sociedad. ¿Cómo podemos decirle a los mexicanos que vamos a hacer cumplir la Constitución y las leyes si ni siquiera eso hacemos con las normas propias? De la misma manera que debemos mostrar ante la sociedad nuestra convicción de movernos siempre en el marco de la legalidad, así también debemos dejar clara constancia de que eso mismo debemos hacer al interior del partido. La unidad debe partir de la convicción compartida de que la regulación de la convivencia está determinada por reglas asumidas por todos, cuyo cumplimiento no puede estar sujeto a chantajes o a presiones de ningún tipo y, en consecuencia, se eviten complicidades para violarlas. Por ello, la Comisión Nacional de Garantías y el Servicio electoral deben dejar de estar conformadas por cuotas de las distintas corrientes que hacen que sus miembros tengan como misión principal defender los intereses facciosos de quienes los propusieron antes de vigilar el cumplimiento estricto del Estatuto. Es en ese sentido que tales órganos deben conformarse por una sola persona de honorabilidad incuestionable que sea aprobada con un porcentaje mínimo del 75% de los votos del Consejo Nacional. Además, sería de gran utilidad permitir que organismos de la sociedad civil verifiquen la aplicación de la legalidad interna sin distingos.

martes, 20 de octubre de 2009

EL JUICIO DE ULISES

Fernando Belaunzarán

Ulises Ruiz ya fue juzgado y aunque se niegue a dejar el cargo y logre terminar su gestión gracias al respaldo nacional de su partido no podrá quitarse nunca el peso de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo censura política y moralmente. Pero lo de menos –que no quiere decir sin importancia- es la suerte de este personaje que con sus acciones y omisiones contribuyó a la exacerbación del conflicto y el penoso viaje a la deriva de Oaxaca por un lapso de tiempo que pareció una eternidad frente al futuro de este estado que no puede seguir por el mismo derrotero de cacicazgos autoritarios que administran tanto la represión como la cooptación de opositores vía el erario.

Los que aducen los excesos de la APPO para tratar de exculpar a Ulises Ruiz dicen verdades, pero se equivocan. Sí hubo actos injustificables por parte del movimiento como las muestras de la llamada “justicia popular” en la que denigraban, humillaban y exhibían los despojos de supuestos delincuentes torturados en nombre del “pueblo”, mismos que amarraban, pintaban y sobajaban en plaza pública con letreros de autoinculpación que recordaban los métodos de la inquisición, o la agresión al periodista Ricardo Rocha, o los abiertos llamados a la violencia desde radiodifusoras “expropiadas”. Sin embargo, además de que ni eso ni nada otorga licencia a gobernante alguno para violar la ley que juró cumplir y hacer cumplir, se trata de planos diferentes. Cualquiera que haya pasado por una clase de Civismo sabe que una cosa son los derechos y obligaciones de los ciudadanos y otra muy distinta las de los que ejercen atribuciones de gobierno.

Ulises Ruiz estaba obligado a enfrentar las protestas con las armas de la política en el marco de la ley, estando impedido de ir más allá de eso. La creación de grupos paramilitares que hostigaron y asesinaron a mentores y appistas y que sólo lograron exacerbar los ánimos y crispar al movimiento hasta grados superlativos, así como la creación de “radios piratas” oficialistas que amenazaban y atizaban la polarización social, recuerdan las estrategias de contrainsurgencia en los países de Centroamérica en los años 80 y es muy difícil pensar que se hayan llevado a cabo sin al menos el consentimiento tácito del Ejecutivo estatal. La violencia de la APPO –de alguna manera provocada, pero no por ello menos reprobable- no justifica la violencia gubernamental, mucho menos aquella que siendo alentada por las autoridades se dio bajo las sombras del clandestinaje y la ilegalidad.

Ahora bien, Ulises Ruiz no sólo no pudo dar solución a la inconformidad magisterial y luego social de Oaxaca sino que incluso él se convirtió en El Problema. Eso fue así porque siguiendo el manual de comprar o reprimir renunció a la política y quiso acabar con la protesta mediante un golpe de fuerza que se le revirtió, escalando el conflicto al punto de ser rebasada su capacidad de respuesta. Y ante esa situación lo que predominó en el gobierno estatal fue la idea de que el fin justifica los medios, olvidándose de manera premeditada de los límites y las responsabilidades que todo gobierno tiene en la utilización del poder público, como es velar por el respeto a los derechos humanos de los detenidos y mantener su actuación, pública y soterrada, en el marco de la ley, de tal suerte que contribuyó como nadie a la descomposición política y social de la entidad. Por eso es que se le juzgó y condenó al todavía gobernador de Oaxaca.

No se trata de enaltecer a un movimiento cuya radicalización lo condenó al aislamiento, el desgaste e incluso la repulsión de importantes sectores sociales, además de que permitió con extrema facilidad la infiltración de provocadores que dieron pie a la estigmatización mediática y desprestigio nacional de la APPO, lo que a su vez preparó el terreno para la intervención policiaca. Mucho menos de exculpar a Vicente Fox que estaba tan preocupado por derrotar a como diera lugar a López Obrador que dejó al garete a Oaxaca para no afectar a su candidato. Pero hay que decir lo obvio: las responsabilidades que tiene como gobernante Ulises Ruiz no se eximen ni por los excesos de un grupo de inconformes ni por la negligencia del gobierno federal.

La sociedad de la capital oaxaqueña vivió en la zozobra durante meses por el desgobierno y la polarización atizada por los ultras de uno y otro bando. El aferramiento al poder por parte de Ulises Ruiz desnudó al grupo gobernante del estado que prefirió optar por la descomposición y el incremento de la violencia antes de buscar salidas institucionales que devolvieran la tranquilidad y estabilidad a Oaxaca. Las heridas siguen abiertas, el tejido social permanece dañado y está pendiente la deseada reconciliación. Ésta sólo será posible con el cambio anhelado y hasta ahora pospuesto, que termine con el autoritarismo caciquil, combata la pobreza y la marginación y sea capaz de incluir y sumar para construir mayorías.

En el país de la impunidad indigna, pero no extraña que los culpables estén como si nada. Es muy posible que por más exigencias de la opinión pública Ulises Ruiz permanezca en su puesto hasta entregar el poder al triunfador de la elección del próximo año y después se dedique sin sobresaltos a administrar sus negocios. Pero sin desdeñar la demanda de justicia lo fundamental es derrotarlo con votos y que la alternancia abra la posibilidad del cambio profundo y verdadero que requiere Oaxaca. Para ello no hay otro camino que la alianza, la cual, por desgracia, se ha complicado por la autoritaria decisión del gobierno federal panista de acabar con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro mediante un decretazo que puso a más de 40 mil trabajadores en el desempleo. Sin embargo, sería una gran calamidad para los oaxaqueños cerrar la puerta a esa posibilidad.


De paso…

¡Qué bonita familia! El gobernador de Tlaxcala, Héctor Ortiz, que tiene un férreo control de la Universidad del estado desde 1983, decidió modificar la Ley Orgánica de esa institución en el Congreso Local para que su hermano Serafín pueda reelegirse por un nuevo periodo. Previamente había extendido su mandato por dos años de manera ilegal aduciendo que se había decidido por “aclamación”. En un primer intento la pretensión del gobernador fue rechazada, pero, luego, como su partido el PAN tiene la mayoría absoluta del órgano parlamentario, apretó para volverla a someter a votación. La segunda fue la vencida, pero tuvo como visitante a otro de sus hermanos, Rodolfo, que sin ser diputado se metió al salón de plenos, subiendo incluso a la tribuna en donde comenzó una trifulca lamentable. Cabe añadir que la Universidad de Tlaxcala es de las peores calificadas del país y la autonomía lejos de servir para el desarrollo académico, como está concebida, ha sido el parapeto para que un grupo político lo tenga como botín. Es hora de recordarle al gobernador que la Universidad es de la sociedad tlaxcalteca y no de su familia… Con el autoritario decretazo de Calderón extinguiendo la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, Andrés Manuel López Obrador encontró la bandera que venía buscando desde hace tres años y que se le frustró con la reforma energética de (casi) consenso que se cocinó en el Congreso. Sabe, y su inobjetable derrota en Tabasco se lo recordó –hasta en su pueblo perdió-, que sacrificó la competitividad electoral a cambio de la apuesta a favor de una hipotética revolución que revocara el mandato de titular del Ejecutivo y que le permitiera reposicionarse en medio de la crisis política. Siente que esa oportunidad se presenta ahora y que la lucha del SME puede detonar el descontento social por la crisis, el desempleo, la inseguridad y el descrédito de la clase política. Es verdad que la radicalización del movimiento de los electricistas puede llevar a éstos al aislamiento y que en lugar de ayudarlos a concitar simpatías se incremente el rechazo. Pero a AMLO no le queda más que una carta y la va a jugar sin medir consecuencias, entre ellas la prolongación de la caída en las preferencias electorales de la izquierda y que se siga fortaleciendo el PRI. Por eso va a buscar tensar en todos los frentes, lo que incluye, otra vez y entre otras cosas, la toma de tribunas que no sirven para nada excepto para cultivar el desprestigio de quienes las llevan a cabo… Haciendo a un lado el pudor por la flagrante violación a la ley, el vocero de la Catedral Metropolitana, Hugo Valdemar, vetó a Emilio Álvarez Icaza para ser el ombusman nacional. La razón que aduce es que el ex presidente de la Comisión de Derechos humanos del DF no se opuso a la despenalización de la interrupción del embarazo en la capital del país, es decir, que no tomó una moral religiosa particular como moral de Estado. La temeraria declaración del sacerdote pone en evidencia, una vez más, la necesidad de defender el Estado laico… Maradona se equivocó. Un jugador que era un deleite verlo como se echaba a las espaldas la conducción de su equipo y lograr grandes cosas no ha demostrado su valía como director técnico. Con muchos esfuerzos consiguió la calificación de Argentina y en lugar de tomarlo con calma y mostrar que tiene los pies en el suelo, se puso a insultar de manera burda y prosaica a sus detractores. Vamos a ver si la sanción que viene por su incontinencia verbal no lo saca del Mundial… México clasifico a la Copa del Mundo, pero el nivel que ha mostrado hasta ahora no parece presagiar un buen papel. Tendrá que mejorar mucho…

lunes, 12 de octubre de 2009

LIQUIDACIÓN Y RESISTENCIA

Fernando Belaunzarán

Por medio del clásico sabadazo y en plena algarabía futbolera por la ansiada y por momentos sufrida clasificación al Mundial de la Selección Mexicana, Felipe Calderón ha dado un golpe de mano con dudosas facultades legales y toma la apuesta más arriesgada de su sexenio. En momentos de gran volatilidad social por la extensión de la pobreza, el creciente desempleo, el consecuente aumento de la inseguridad y la falta de perspectivas a corto plazo se animó a golpear al sindicato con mayor tradición de lucha en el país y terminar la relación laboral de casi cincuenta mil trabajadores.

Tanta temeridad de un gobierno débil y abrumado por la crisis nos habla de la necesidad del titular del Ejecutivo de asumir un liderazgo que no le dio su guerra contra las drogas y así darle alguna esperanza de continuidad en el poder a su partido. La carga económica y la deficiente productividad, sin restarles importancia, no bastan para explicar la actitud del que juega con cerillos en una pradera seca, a menos que sufra de autismo criminal.

No están retando sólo a la fuerza del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues éste tiene la capacidad de articular a una cantidad de organizaciones sindicales, sociales, campesinas, vecinales, etc., de tendencias muy variadas de un espectro tan amplio que vaya desde el filozapatismo hasta sectores de PRI y que van a ver en el encontronazo un punto definitorio sobre el rumbo del país. Es decir, el SME puede aglutinar a su alrededor a toda la izquierda y a una parte del centro. Calderón no sólo proporcionó una bandera de movilización sino también aquella que puede servir de detonante a otras tantas luchas e inconformidades que están latentes en el país.

El SME, pese a vicios y fallas inocultables, cuenta con prestigio no sólo en el movimiento social sino también en capas importantes de la población por su perfil nacionalista, su actitud antiprivatizadora, su lenguaje de izquierda, su solidaridad con diversos y muy variados movimientos y luchas a lo largo de su historia y el contraste que tiene con el sindicalismo blanco oficial; posee la ascendencia y el oficio para construir un amplio frente político. Ya se verá en la próxima movilización su poder de convocatoria y la cantidad de organizaciones y ciudadanos que están (estamos) dispuestos a defender a Luz y Fuerza del Centro no obstante su irrebatible mal servicio y la necesidad incuestionable de mejorar sustancialmente su eficiencia, pues además del apoyo solidario con quienes pierden su fuente de trabajo, no hay duda de que la derrota de los electricistas significaría abrir las puertas a la derechización del país y favorecería la regresión autoritaria.

Como era obvio, la democracia sindical no es la preocupación del gobierno. Se aprovechó de la disputa intergremial para desprestigiar al sindicato y de paso cerrarles el acceso a sus recursos económicos para mermar su capacidad de resistencia. En virtud de la pervivencia de la cultura priísta en el país resulta difícil dudar sobre acusaciones de trampas electorales que además tienden a volverse una pesadilla cuando el resultado entre los contendientes es muy apretado y cualquier anomalía es objeto de escándalo. Pero aún siendo ciertos los señalamientos, al lado charrismo sindical del tipo de Carlos Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo o Joaquín Gamboa Pascoe el SME que realiza elecciones universales y competidas, integración proporcional en sus órganos directivos y asambleas periódicas de manera obligatoria parece Suiza. Por supuesto que eso no justifica las irregularidades que pudieron haberse cometido en su proceso interno, pero desenmascara a Javier Lozano, Secretario del Trabajo pendenciero y protagónico que abandonó la sobriedad, si alguna vez la ha tenido, para servir de ariete contra un sindicato por motivos que lo tienen sin cuidado en otros casos. La negativa a otorgar la toma de nota fue el pretexto para abrir una campaña de linchamiento mediático para preparar el golpe de la liquidación mediante requisa.

La debilidad del SME está en la opinión pública en virtud del mal servicio, los costos elevados, la creciente necesidad de recibir transferencias cuantiosas de la federación y lo que algunos editorialistas han llamado “privilegios” del sindicato; elementos que seguirán siendo utilizados para desprestigiarlo. En ese sentido fue poco prudente y menos afortunada la reciente inauguración que con bombo y platillo hizo Martín Esparza de un gimnasio que costó más de 100 millones de pesos. En contraste resulta positivo que los dos bloques confrontados dejen a un lado sus diferencias y se presten a defender unidos a la compañía, cerrando así el frente interno que sería premeditadamente exaltado. Alejandro Muñoz reconoció a Esparza como Secretario General y ambas partes marcharán juntas el próximo jueves.

Junto a la fuerza movilizada que de seguro se mostrará en las próximas semanas, el SME tiene el reto de ganar el debate público y, por lo mismo, de poner en la mesa propuestas de solución a problemas que preocupan legítimamente a los consumidores, de tal suerte que eso le permita revertir, al menos en un grado, la campaña de desprestigio de la que ha sido objeto. En lugar de defender lo indefendible sería de utilidad mostrar voluntad de transformación y sensibilidad ante los justos reclamos. Existen conquistas laborales que consiguió el sindicato cumpliendo su función de pelear por los derechos de los trabajadores y si son desproporcionadas, dada la escasa productividad de la empresa, no es culpa de la organización que reclama prestaciones sino de la empresa que las acepta sin tener solvencia para cumplir las obligaciones adquiridas. De cualquier manera es fundamental para ganar simpatías en la población que tiene pocos motivos en el servicio que reciben de solidarizarse con los trabajadores el que el SME se muestre como parte de la solución de problemas que no se pueden negar.

Para nadie es un secreto que lo que está en juego es el potencial de los cables de fibra óptica que bien utilizados podrían servir para el saneamiento financiera de la empresa, pero también para cocinar jugosos negocios privados que, por cierto, no necesitan que se privatice la empresa como tal sino tan sólo que se les otorguen concesiones para utilizar la red. Luz y Fuerza bien podría ofrecer servicio del llamado triple play en telecomunicaciones (teléfono, internet y televisión), pero ese es el anzuelo del gobierno hacia grandes consorcios que no está mal que compitan, pero sí que lo hagan a costa de tomar por asalto a la empresa, acabar con un sindicato incómodo para la voracidad de algunos potenciales inversionistas y cerrando la posibilidad de que la empresa pública pueda también competir en ese ramo.

Es probable que Calderón le haya hecho un gran favor a la oposición que lo combate, sobretodo a aquella que ansiaba la ruptura institucional como resultado de un amplio movimiento social. Para los “centenaristas” que pronostican para el 2010 la tercera revolución mexicana, la medida de extinción mediante requisa y liquidación será vista como la reedición de Cananea y Río Blanco y verán en el conflicto una oportunidad preciosa para que se presente el estallido social antisistémico que llevan tres años anhelando y que sería un error desestimar, pues efectivamente la crisis, el desempleo, el descontento y el desprestigio de la clase política conforman un cocktail explosivo que hasta antes del anuncio del decreto presidencial pensaba que el gobierno federal estaba preocupado por evitar que estallara. Si eso ocurre, si la crisis económica se convierte en crisis política y el escenario principal de ella son las calles, entonces será muy fácil recordar cómo comenzó todo pero difícil saber cómo va a terminar.

Para desgracia de los consejeros del presidente, esto no será la reedición del celebre “quinazo”. Aquí no es el control corporativo sostenido por la fuerza y la corrupción de un líder impresentable que puede ser sustituido por el elegido del presidente tras un golpe de mano como ocurrió con el sindicato petrolero hace poco más de veinte años. En este caso habrá respuesta social y no le será tan sencillo ni tan barato ni tan rentable a Calderón como lo fue para Salinas dar el golpe. Ahora es el gobierno federal el que contribuye a la polarización política y social del país, generando un escenario en gran medida impredecible. Gana para sí a sectores influyentes de la clase empresarial, pero se arriesga a que el enorme descontento social que existe encuentre una vía para manifestarse y que en poco tiempo la demanda principal ya no sea la derogación de un decreto. A Calderón le dio por jugar con fuego. Por lo pronto, nos vemos el jueves en la marcha.


De paso…

Paz. Barack Obama reaccionó con humildad y modestia ante el otorgamiento del premio Nobel de la paz. Los sectores conservadores de Estados Unidos que han arreciado sus críticas al presidente y que son alentados por poderes fácticos muy influyentes que están molestos porque ven amenazados sus intereses ante la voluntad reiterada de Obama de cumplir su ofrecimiento de cambio a los electores, cuestionaron duramente el otorgamiento del reconocimiento a la luz de los resultados en los pocos meses que lleva al frente de la presidencia, exactamente el mismo cuestionamiento que hizo recientemente el presidente venezolano, Hugo Chávez. Sin embargo, considero que fue correcta la decisión, pues el cambio del unilateralismo de la política exterior de Bush hacia el retorno del multilateralismo que está promoviendo Obama es fundamental para que prive el derecho internacional y no la fuerza. Ese simple hecho ha generado grandes esperanzas en la población mundial y ha cambiado el rostro amenazante de los Estados Unidos por uno más noble y amigable. Por eso, si bien debemos esperar y demandar resultados de la política exterior norteamericana que hoy encabeza una mujer con gran capacidad como es Hillary Clinton el inicio de esta nueva administración ha sido muy prometedor. Por lo mismo, yo celebro el nombramiento y comparto que al recibirlo adquiere Obama una gran responsabilidad para cumplir las grandes expectativas que ha generado en el mundo… Daños colaterales: el golpe al SME complica enormemente las eventuales alianzas entre el PRD y el PAN para enfrentar a los Señores Feudales del PRI por lo que los caciques de este partido en Oaxaca, Puebla y Veracruz tienen motivos para volver a sonreír… Emilio Álvarez Icaza realizó una labor impecable al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al grado de convertir a dicha comisión en referente internacional. Si el fuera elegido para ser el ombusman nacional de seguro que devolvería la proyección, respeto y ascendencia que la CNDH perdió durante el gris periodo de Soberanes… Vale la pena celebrar la clasificación al mundial de la selección mexicana. Por fortuna las excesivas declaraciones contra El Salvador hechas por un hombre normalmente ecuánime y profesional como Javier Aguirre no tuvieron consecuencias que lamentar. Pero se debe tener mucho cuidado con inflamar el espíritu patriotero en el futbol porque eso puede abrir paso a la violencia. En fin, ¡Nos vamos al mundial!... ¿Nos vamos, quimosavi?...

domingo, 4 de octubre de 2009

EL AGUA Y EL ACEITE

Fernando Belaunzarán


En química es imposible mezclar el agua y el aceite. Pero en política (casi) todo se puede. Y la buena política debe servir para hacer posible lo insólito en beneficio de la comunidad. Es verdad que de entrada parece poco congruente y hasta aberrante que dos partidos con proyectos no sólo diferentes sino en buena medida antagónicos conformen una alianza electoral; más aún cuando en el pasado reciente dichos partidos protagonizaron una confrontación de tal magnitud que polarizaron al país entero y las heridas de aquel entonces permanecen abiertas al grado de coexistir todavía dos presidentes, el “constitucional” o “espurio” y el “legítimo” o “patito” –según sea la posición de quien los nombra. Y sin embargo tal alianza se vuelve pertinente y necesaria en razón del fracaso o al menos limitación de la transición democrática mexicana que no llegó a las entidades de la república o, peor aún, que al reducir el poder presidencial sin acotar a los gobernadores dio pie a que éstos llenaran los vacíos y se convirtieran en personajes todopoderosos sin equilibrios ni contrapesos e instalaran verdaderos cacicazgos muy difíciles de derrotar electoralmente.

En democracia sería impensable una alianza como la que se pretende hacer -para poner el ejemplo más notorio y elocuente- en Oaxaca. Pero en virtud de las condiciones de autoritarismo que privan en esa entidad, el no hacerla garantizaría no sólo la continuidad del mismo grupo en el poder sino también la permanencia estructural del caciquismo corruptor y represor que asfixia la vida política oaxaqueña. La apuesta es la de aprovechar la alternancia para hacer la transición pendiente y necesaria, pues resulta obvio que ésta sería imposible si los mismos se mantienen en el poder.

Por supuesto que hay razones para el escepticismo. En el país la alternancia no significó el cambio prometido. Por el contrario, resulto un verdadero fiasco que desgasto la idea misma de democracia en la ciudadanía. Vicente Fox no sólo hizo menos que Ernesto Zedillo en materia de democracia sino que incluso se convirtió en un factor regresivo con su participación activa tanto en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, como después en la campaña presidencial del 2006.

Pero además, el priísmo fue derrotado en las urnas, no en la cultura. Gobiernos y líderes de todos los colores han gustado de concentrar el poder, de combatir voces críticas, de heredar cargos y puestos, de echar andar “cargadas”, de hacer causa común con diversos poderes fácticos e incluso, sin pudor alguno, de hacer uso del viejo y mítico dedazo, emblema del viejo régimen. La oposición en el poder se ha convertido más en un elemento preservador del status quo que un factor de cambio.

Las alianzas deben conformarse a partir del compromiso público con un programa de transición política que incluya medidas de desarrollo social para atender las enormes desigualdades que existen. Por supuesto que eso no es garantía absoluta que tras el triunfo los acuerdos se vayan a cumplir. El poder es una droga adictiva que suele llevar al sacrificio de la congruencia en aras de concentrarlo y conservarlo. Tenemos dolorosas experiencias al respecto. Pero es un punto de partida indispensable que debe complementarse con otros compromisos también públicos que ratifiquen la convicción compartida para instaurar equilibrios, contrapesos, transparencia, rendición de cuentas, respeto a la división de poderes y a la autonomía de órganos tan importantes como el electoral, la comisión de derechos humanos y la contraloría. Siempre, lo sabemos bien, se podrá faltar a la palabra, pero al menos, con estas alianzas, existe una posibilidad para hacer realidad el cambio.

Cuauhtémoc Cárdenas ha dado una opinión muy respetable en contra de consumar alianzas entre partidos con proyectos tan distintos. Insisto, si en México hubiera una democracia consolidada y no se hubieran pasado casi todas las prerrogativas no escritas del presidente a los gobernadores y, por lo mismo, no existiera la imperiosa necesidad de hacer una transición política en las entidades de la república, mismas que requieren por fuerza alianzas opositoras para tener oportunidad de triunfar electoralmente a los cacicazgos establecidos, yo compartiría esa misma opinión.

Sería ingenuo y poco serio no encontrar en la posibilidad de las alianzas intereses puramente pragmáticos. A algunos sin duda les entusiasma la idea de mermar al PRI de cara al 2012 y otros sienten que pueden ser beneficiarios personales de tales alianzas. Este cruzamiento de intereses genera confusión y ayuda a que se perciban empequeñecidos los alcances de esta estrategia política. En lugar de colocar en primer plano el interés general de la sociedad aparece el de grupos y personas en lo particular. Por eso también comprendo el cuestionamiento del ingeniero Cárdenas.

Sin embargo, renunciar a las alianzas sería tanto como asumir la perpetuación en el poder de las camarillas que se han formado al amparo de los señores feudales con su estela de autoritarismo, corrupción e impunidad que, por cierto, no pertenecen únicamente al partido del viejo régimen. Por ejemplo, el Yunque gobierna Jalisco y Guanajuato bajo las siglas del PAN y en Tlaxcala ejerce el poder un gobernador al estilo de los virreyes por ese mismo partido. Ser consecuente en este aspecto significa construir frentes electorales de la oposición en esas entidades para abrir la posibilidad a los cambios pospuestos.

Nadie en su sano juicio puede sostener que no significaría un avance democrático quitarles el poder al grupo ulisista de Oaxaca y al Yunque en Jalisco para que en esas entidades gobierne una alianza política bajo un programa de transición. Espero que esa posibilidad y no simplemente su cercanía con Gabino Cue, virtual candidato opositor en aquella entidad del sur, haya hecho que Andrés Manuel López Obrador diera su aval a la alianza con el PAN. Por supuesto, de dientes para afuera nunca la va a avalar explícitamente –cuando le pregunten dirá que él quiere la coalición del FAP-, aunque tampoco la va a atacar. Sin embargo, es obvio que la está consintiendo y que Gabino está operando con su venia -sería impensable otra cosa. AMLO sabe perfectamente, como todo el mundo, que la única forma de derrotar a Ulises Ruiz que acaba de llevarse “carro completo” en las últimas elecciones es incluyendo al partido blanquiazul, pues las condiciones son muy diferentes al 2006. A mi me parece que la simulación es una práctica perniciosa y carente de ética, pero cada quien su estilo. Lo importante es que, por la razón que sea, un personaje que cuenta todavía con una fuerza considerable en la región, está impulsando, así sea de manera subrepticia y vergonzante, la alianza opositora.

México vive una democracia en buena medida frustrada. Los gobernadores -salvo contadas excepciones que a lo mejor no lo son por su gusto- controlan a los otros poderes, a los órganos formalmente autónomos, a diversos medios de comunicación y hasta a algunos partidos de oposición. El poder se sigue concentrando en pocas manos y el régimen político es cada vez más disfuncional. La sociedad mexicana está viviendo un desengaño de la democracia sin ni siquiera haberla vivido a cabalidad y, por lo mismo, los avances logrados están en riesgo y el pasado autoritario amenaza con regresar. Pero, ¿cómo construir una democracia sin demócratas? Ese es tema para otro artículo.


De paso...

Brasil. Lula se acerca a su último año de mandato instalado en los cuernos de la luna. Además de ser el presidente mejor evaluado y con mayor popularidad en América Latina, de tener a su país con los mayores índices de crecimiento de la región, con éxitos notables en el combate a la pobreza y respondiendo bien a la crisis económica mundial, consiguió los Juegos Olímpicos para Río de Janeiro en el año 2016 que a él no le tocará organizar, pues, y esto me parece notable y exaltable en los tiempos que corren, no tiene ánimos reeleccionistas después de su segundo y constitucionalmente último mandato, negándose a explorar siquiera cualquier posibilidad de perpetuarse en el poder. El éxito del líder sindical –que por cierto estuvo en 1990 en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hoy lamentablemente privatizado- debiera hacer reflexionar a la izquierda mexicana y tomar ejemplo no sólo de cómo se ejerce el poder sino también de cómo llegar a él. Recordemos que el actual presidente brasileño fue vetado por los poderes fácticos de su país y sufrió una inclemente “guerra sucia”. Por desgracia, Andrés Manuel que pudo decidir ser Lula prefirió ser Evo, lo cual digo sin detrimento del presidente Boliviano, al cual respeto. El punto es que México se parece mucho más a Brasil que a Bolivia. Recordemos que en éste último país el voto de las etnias representa más de la mitad del padrón electoral. Con los pueblos indios movilizados y el apoyo de sindicatos de gran tradición de lucha pusieron en jaque a la oligarquía boliviana y pudieron ganar las elecciones sin considerar a la clase media. En cambio, tanto en México como en Brasil es impensable el triunfo electoral sin una alianza pluriclasista. El costo para la izquierda de esa mala elección ha sido grande y al menos por un tiempo lo seguirá -seguiremos- pagando… Para desgracia de las audiencias de espectáculos cómicos, pero para fortuna y alivio de los habitantes de Iztapalapa, terminó la tragicomedia protagonizada por Juanito. Se debe reconocer que Marcelo Ebrard resolvió el asunto en 20 minutos y que además le salió, como se dice, redondo el numerito. No sólo le arregló el problema a López Obrador sino que lo hizo cuando le resultaba más conveniente. Es obvio que siempre tuvo a la mano la llave para doblar al popular personaje que un día hacía alarde de sus músculos con fisicoculturistas y al otro anunciaba sus afecciones cardiacas para decir que siempre sí hacía lo que se había dedicado a reiterar que no haría. Esta administración del conflicto por parte de Marcelo le permitió prácticamente borrar de la escena mediática los reveces en Miguel Hidalgo y Cuajimalpa el día en que se dieron, desgastar la figura de su potencial competidor rumbo a la candidatura del 2012 y aparecer como el salvador de la situación. ¿Y Juanito? Pues volvió a ser Juanito y ahora sí para siempre… Para recuperar credibilidad el PRD debe dar como gobierno lo que exige como oposición y aprovechar la vitrina del DF para mostrarse al resto del país. En ese sentido lo acontecido en la ALDF el día de la toma de posesión con los jefes Delegacionales es absolutamente desafortunado. En lugar de mejorar su imagen, con este tipo de actitudes rijosas de algunos diputados locales, el partido se muestra incapaz incluso de actuar con tolerancia y respeto a las normas y a las instituciones en donde tiene mayoría y gobierna. Y a diferencia de lo que ocurrió con la IV legislatura en la que se privilegiaron los acuerdos con las demás fuerzas, en esta nueva, la V, tras la negociación aún no explicada con Elba Esther Gordillo para que diputados del PANAL se fueran a Grupo Parlamentario del PRD y así éste tuviera mayoría absoluta –ignoro por qué le dicen a esto “el pacto de los Chuckys”- se recurre al burdo mayoriteo y al agandalle. Por cierto, nadie en México va a culpar de eso a Barrales… La Comisión del DF en la Cámara de Diputados es de cuarta categoría y su incidencia en los asuntos de la ciudad es mínima. Si lo que preocupa es que Gabriela Cuevas utilice mediáticamente su cargo como presidenta de esa comisión, lo único que se hizo al estallar el escándalo es darle mayor notoriedad y ponerle los reflectores encima… La UNAM presentó una propuesta sólida para enfrentar la crisis económica y prepara otra para enfrentar el problema del agua. Con ellos se demuestra una vez más que el fortalecimiento a las universidades es la mejor inversión a futuro. Espero que no se cometa la estupidez de recortarle recursos a la educación pública… Fue correcta la decisión del juez de liberar a Ramsés Villarreal. No es admisible que con el pretexto de combatir al “terrorismo” se pasen por alto las garantías individuales y los procedimientos legales. Es importante cerrarle el paso a la arbitrariedad. Si Arturo Chávez Chávez inició su gestión con el pie izquierdo por las certeras críticas que recibió, ahora al dar su primer paso se resbaló… Lucía Morett salvó la vida de milagro en un ataque contrario al derecho internacional, es decir, ilegal por parte de Colombia en territorio de otro país, Ecuador. En dicho operativo militar no sólo fueron asesinados guerrilleros colombianos sino también estudiantes mexicanos. En lugar de reclamar la extradición de Lucía Morett, Colombia debiera estar en el banquillo de los acusados por su acción contraria a derecho y violatoria de la soberanía de una nación vecina y México debe exigir reparación del daño a los deudos. En el supuesto de que Lucía hubiera cometiendo un delito por su presencia en el campamento de las FARC a quien le correspondería en todo caso pedir cuentas es al gobierno de Ecuador. Ahora bien, me parece que, en cualquier caso, Lucía Morett debe permanecer en México y desde aquí defenderse… El diálogo en una situación tan volátil como la de Honduras debe saludarse. Esperemos que las gestiones de la OEA tengan éxito y Manuel Zelaya regrese a la presidencia y con ello las elecciones presidenciales puedan tener legitimidad y reconocimiento internacional… La torpeza del Secretario del Trabajo; Javier Lozano, está apunto de escalar un conflicto de alcances mayores con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Las tentaciones de aprovechar las diferencias intersindicales para golpear a ese sindicato independiente y combativo están presentes y no entiendo la temeridad gubernamental al abrir otro frente por demás explosivo… Me siento de luto por la irreparable muerte de Mercedes Sosa, cantante comprometida con la libertad y la democracia en América latina. ¡Qué vivan los estudiantes!...